Un funcionario del hospital Edgardo Rebagliati Martins denunció ante el Ministerio Público presuntas irregularidades dentro de Essalud que habrían buscado favorecer al expresidente Pedro Castillo con una posible excarcelación o eventual indulto.
Según un reportaje difundido por el programa Beto a Saber, el exmandatario habría recibido atención médica preferencial en el hospital Rebagliati, pese a que, por protocolo penitenciario, debía ser atendido en el Hospital II Vitarte debido a su reclusión en el penal de Barbadillo.
De acuerdo con la denuncia presentada en el programa conducido por Beto Ortiz, Castillo acudió el 23 de abril a dos consultas médicas en menos de 30 minutos. El informe detalla que primero ingresó a cirugía general a las 9:34 horas y posteriormente pasó por gastroenterología a las 9:54 horas.
Además, desde finales de 2024 habría accedido a beneficios adicionales, entre ellos la supuesta alteración de su historial clínico para presentarlo como un paciente de gravedad y así facilitar un eventual pedido de indulto presidencial.
El funcionario denunciante sostuvo que existirían “traslados médicos indebidos” y una presunta coordinación política para beneficiar al exjefe de Estado, quien cumple más de 11 años de prisión por el fallido intento de autogolpe de diciembre de 2022. Entre los señalados en la acusación figuran Luis Rosales Pereda, presidente ejecutivo de EsSalud; Mariano Cuentas Jara, gerente general; y Aurelio Arturo Orellana, gerente de la Red Prestacional Rebagliati y ex titular de Essalud durante el gobierno de Castillo.
El reportaje también recordó el caso del expresidente Alejandro Toledo, actualmente recluido en el mismo penal de Barbadillo por delitos de corrupción. Según el informe, Toledo denunció reiteradamente dificultades para acceder a clínicas u hospitales fuera de la jurisdicción penitenciaria, situación que contrastaría con las facilidades otorgadas presuntamente a Castillo.
Desde agosto de 2024, Essalud dispuso que los asegurados deben atenderse en el hospital más cercano a la dirección consignada en su DNI, lo que en el caso del exmandatario correspondería al hospital de Vitarte.
Días antes de conocerse la denuncia, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, descartó avances sobre una eventual gracia presidencial para Castillo y afirmó que “hasta este momento” el Ejecutivo no tenía “nada más” que hablar o actuar sobre el tema.
El ministro recordó que uno de los principales requisitos para otorgar un indulto es contar con una sentencia consentida. “Entonces, ahí hay un tema de fondo que complicaría mucho que este proceso pueda llevarse a cabo”, declaró. Pese a ello, el presidente interino de la Comisión de Gracias Presidenciales, José Balcázar, indicó que una nueva solicitud todavía podría ser evaluada.
