La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica relacionado con supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales emitidas durante junio y julio de 2023, periodo en el que se encontraba recuperándose de una cirugía estética.

La defensa legal de la exmandataria aseguró que las pericias determinaron que las rúbricas cuestionadas “corresponden al puño y letra” de Boluarte y que no existió impedimento médico para ejercer funciones de gobierno.

CASO. El caso se originó tras las sospechas sobre varias normas oficiales firmadas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, cuando la entonces presidenta permanecía en reposo luego de una intervención quirúrgica realizada por el médico Mario Cavani.

Entre los documentos observados figuraban el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA y la resolución que aceptó la renuncia del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre. Según la tesis fiscal, Boluarte habría estado físicamente imposibilitada de firmar dichos documentos.

El abogado de la exjefa de Estado, Juan Carlos Portugal, informó mediante un comunicado que la investigación concluyó que “las firmas atribuidas como falsas corresponden al puño y letra de la expresidenta”.

Además, sostuvo que la Fiscalía verificó que “no existe ningún mandato ni prescripción médica” que acreditara una incapacidad para ejercer sus funciones durante ese periodo.

“Existe evidencia documental y testimonial que acreditó la participación activa de Dina Boluarte en las decisiones de Estado”, afirmó el letrado.

La controversia tomó fuerza luego de que la exasistente presidencial Patricia Muriano declarara ante la Fiscalía que varias normas fueron publicadas con firmas presuntamente falsificadas mientras Boluarte permanecía en recuperación médica.

Incluso, un peritaje grafotécnico difundido durante las investigaciones señalaba diferencias en los trazos de las rúbricas observadas, lo que alimentó los cuestionamientos políticos y legales contra la entonces mandataria.

Anteriormente, la Comisión de Fiscalización del Congreso llegó a recomendar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, argumentando que Boluarte no informó formalmente sobre su alejamiento temporal del cargo durante la convalecencia.

Sin embargo, con esta decisión fiscal, el Ministerio Público cerró el caso, que fue durante meses generó debate político y cuestionamientos sobre la legalidad de las decisiones tomadas desde Palacio de Gobierno.