La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar por 60 días contra el exalcalde de Lima y excandidato presidencial Rafael López Aliaga, por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como parte de las diligencias, el líder de Renovación Popular fue citado a declarar el próximo 4 de junio a las 9:30 horas, en el marco de un caso vinculado a un millonario plan financiero municipal.

La medida fue dispuesta por la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas, en cumplimiento de una resolución de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró fundado un recurso presentado por la Procuraduría Anticorrupción. Según la disposición fiscal, se busca esclarecer presuntas irregularidades en la estructuración de un mecanismo financiero impulsado durante la gestión de López Aliaga.

La investigación se originó tras una denuncia presentada en julio de 2025 por el ciudadano Julio César Sifuentes Reyes, quien cuestionó un plan de inversiones de la Municipalidad de Lima para el periodo 2023-2026, valorizado en aproximadamente S/ 4 mil millones, que sería financiado mediante un programa de emisión de bonos de titulización sin garantía del Gobierno Nacional. El esquema contemplaba hasta tres emisiones respaldadas por ingresos del impuesto de alcabala y vehicular.

“El recurso presentado por la Procuraduría fue declarado fundado”, se desprende de la resolución fiscal, que ahora centra la atención en determinar si existieron irregularidades penales en la contratación, selección o participación de agentes privados dentro de esta operación financiera. El denunciante también observó acuerdos del Concejo Metropolitano que autorizaron la emisión de deuda por el millonario monto.

Como antecedente, Rafael López Aliaga ha estado en el centro del debate político por decisiones adoptadas durante su gestión en Lima, mientras esta nueva investigación podría generar repercusiones en el escenario político nacional. La Fiscalía busca determinar si hubo direccionamiento o actos incompatibles con la función pública en uno de los mayores esquemas financieros planteados por la comuna capitalina.