El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó este 1 de junio a los 124 integrantes de su equipo técnico y dio a conocer su programa de gobierno para el periodo 2026-2031. Durante una actividad pública, afirmó que la propuesta fue elaborada con diversos sectores sociales y que será la hoja de ruta de un eventual gobierno suyo en caso de ganar la segunda vuelta electoral.
Sánchez señaló que el equipo está conformado por representantes vinculados al campo, la economía, el emprendimiento, el arte, la cultura y el desarrollo. Según indicó, el objetivo es impulsar un “nuevo pacto económico social” orientado a enfrentar la pobreza y fortalecer la democracia.
“Estamos convocados con una gran finalidad. Un nuevo pacto económico social para las familias, regiones y el futuro del Perú”, manifestó el candidato. Asimismo, sostuvo que la propuesta busca construir consensos políticos para atender los principales problemas del país.
El postulante aseguró que el plan de gobierno está estructurado en ocho ejes e incluye un diagnóstico de la situación nacional. “Este es el plan con el cual gobernaremos adelante desde 2026”, afirmó al recalcar que el documento presentado será el que se ejecutará durante una eventual gestión.
Durante el evento, Sánchez también ratificó las declaraciones que realizó en el debate presidencial respecto al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. El candidato sostuvo que mantiene su posición sobre comentarios atribuidos al extitular del MEF en relación con la gestión económica de Pedro Francke durante el gobierno de Pedro Castillo.
“Yo en eso ratifico y ahí está el tema. Si eso se convierte en un factor de disputa política porque hemos tomado posturas, se respeta”, declaró. Además, señaló que está abierto al diálogo y a la crítica sobre sus afirmaciones.
Las declaraciones se producen en la recta final de la campaña electoral. Horas antes, el exministro, Luis Miguel Castilla calificó a Sánchez como “mentiroso compulsivo” en una entrevista televisiva y anunció que evalúa tomar acciones legales por las afirmaciones realizadas por el candidato presidencial.
