El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, removió a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien lideraba la Fiscalía Suprema encargada del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 
La resolución 3343-2025-MP-FN, publicada el 31 de octubre, formalizó su salida con el argumento de haber transmitido información de “un fiscal supremo” a una fiscal provincial. Sin embargo, el propio Gálvez era ese fiscal bajo investigación.
La maniobra, que se presenta como una medida administrativa, ha sido interpretada como un acto de interferencia directa en una investigación que lo involucra por presunto cohecho. Epicentro TV reveló que el exconsejero Iván Noguera declaró haber recibido presiones para favorecer a Gálvez en su nombramiento como fiscal supremo, un cargo que habría sido promovido por la red criminal que hoy investiga el mismo Ministerio Público.
El conflicto escaló cuando la exfiscal Elena Delgado advirtió: “El señor fiscal de la nación (i) no sólo ocupa el rol de investigado en el procedimiento que motivó mi actuación, sino que además interviene en la decisión de mi remoción”. En su carta a la Junta de Fiscales Supremos, Delgado señaló un “conflicto de intereses claro y manifiesto”, evidenciando la gravedad institucional de la decisión.
Ahora, Gálvez apuntaría más alto. Su próximo objetivo sería desactivar los equipos especiales de investigación, entre ellos el del caso Lava Jato, el Eficcop y el propio Equipo Especial Cuellos Blancos. 
La fiscal Delia Espinoza advirtió: “Uno no puede intervenir para tomar decisiones respecto de casos en los que tiene interés directo, porque eso se llama conflicto de intereses. Es un tema más allá de lo legal, es ético”.